Esa activación económica se ha sumado a los dos grandes valores intrínsecos de la fotovoltaica: una mayor eficiencia energética para el sistema eléctrico, y un irrenunciable protagonismo para atenuar el cambio climático y preservar el medio ambiente. Todo apunta a que el auténtico desarrollo social del siglo XXI se construirá sobre esa tríada —impulso económico, eficiencia energética y sostenibilidad ambiental—, y en dicho proceso el sol y la industria fotovoltaica van a resultar determinantes. Desde esa convicción, muchos países están incrementando sustancialmente su apoyo y sus inversiones en esta fuente de energía. En 2010, la previsión apunta a un mercado global de 15,6 gigavatios, lo que supondrá una inversión, solo en este año, en torno a los 60.000 millones de euros. Un ejemplo reciente ha sido la declaración de Barack Obama en el despacho oval, para salir al paso de la crisis petrolífera en el Golfo de México. Frente a quienes acusan a las renovables de encarecer el gasto, el presidente de Estados Unidos declaró sentirse obligado a «cambiar ya la forma en que producimos y usamos nuestra energía, porque, de no hacerlo ahora, los gastos futuros sobre nuestra economía, nuestra seguridad nacional y nuestro entorno serán mucho mayores. No podemos esperar más para superar nuestra adicción al petróleo». La advertencia de Obama es perfectamente aplicable al caso español. Más del 80 por ciento de la energía que consumimos procede del exterior. ¿Qué es más sostenible y enriquecedor para nosotros: invertir ahora en renovables o seguir dependiendo indefinidamente de los combustibles fósiles? La respuesta resulta evidente, porque la sociedad española en su conjunto ha sido de las primeras en apostar por las renovables, y sigue haciéndolo de forma absolutamente incontrovertible.
En ese extendido apoyo social a las renovables influye nuestro elevado riesgo medioambiental. Un grupo de 120 científicos independientes, agrupados en la red Clivar-España, presentó hace meses el estudio Clima en España: pasado, presente y futuro, solicitado por el Ministerio de Medio Ambiente. El estudio concluye que, o se reduce cuanto antes la emisión de gases de efecto invernadero, o en setenta años la temperatura media en España ascenderá hasta seis grados en verano y descenderá hasta tres en invierno. Prevé también un descenso de las lluvias, el aumento de eventos extremos de precipitación y un acusado incremento de las temperaturas superiores a 30 grados en la zona sur peninsular.
Hace unos días, la Organización Meteorológica Mundial alertaba sobre la simultánea ola de calor en Rusia, las inundaciones en Asia y Europa central, la sequía en el África subsahariana y los desprendimientos de tierra en China. Apuntaba que esa preocupante proliferación de catástrofes concuerda con las proyecciones sobre mayores fenómenos meteorológicos extremos vinculados al cambio climático. La inmensa mayoría de estudios coincide en que, para ser relativamente eficiente, el impulso renovable debe extremarse en los cinco próximos años. Esa convicción quizá explica las sendas mociones a favor de un marco normativo estable para las renovables, presentadas ante el Congreso de los Diputados una por el presidente del Gobierno y la otra por Carlos Salvador, parlamentario de Unión del Pueblo Navarro, y ambas aprobadas por mayoría.
Con un respaldo social, parlamentario y científico tan alto, resulta inexplicable la política de enfriamiento que el Ministerio de Industria viene aplicando a la industria fotovoltaica nacional. España venía siendo uno de los países pioneros en renovables, pero Industria ha decidido retirar ese apoyo al sector fotovoltaico. Somos la única industria renovable con la que el ministro no ha cerrado un acuerdo; los únicos a quienes mantiene paralizados y sometidos a total incertidumbre desde hace ya más de dos años. Hasta entonces, la regulación solar fotovoltaica adoptada por el Gobierno español había impulsado el desarrollo de pymes y grandes empresas, hasta dar cabida a más de 35.000 inversores. La industria nacional englobaba toda la cadena de valor, con inversiones superiores a 23.000 millones de euros. De ellos, cerca de 20.000 millones fueron financiados por cajas y bancos nacionales e internacionales. Se situó como una de las industrias que más invierte en I+D+i, y conformó un tejido industrial minifundista repartido por todo el país, con más de 51.000 instalaciones que crean empleo local y riqueza.
Lo asombroso es que, en los dos últimos años, la industria nacional fotovoltaica haya conseguido afianzarse tan a contracorriente. El decreto aprobado a finales de 2008 y los problemas derivados de su aplicación convirtieron el año pasado en un erial fotovoltaico, con menos de cien megavatios instalados. En 2010, la incertidumbre normativa y el desinterés del Ministerio por cerrar un acuerdo han prolongado ese letargo, que amenaza con volverse endémico. Aun así, el propio desarrollo tecnológico y la experiencia industrial española mantienen intactas nuestras posibilidades de futuro si conseguimos reaccionar a tiempo. A medio plazo, esta fuente de energía va a ser determinante en todo el mundo. Nabuo Tanaka, director de la Agencia Mundial de la Energía, asegura que entre el 20 y el 25 por ciento de la electricidad del mundo tendrá origen solar en 2050. Mientras casi todos los países creen en la fotovoltaica, en España varios grupos de presión han conseguido distorsionar y confundir la realidad. Aseguran que las renovables en general, y la fotovoltaica en concreto, son responsables de las subidas del recibo de la luz y del déficit tarifario arrastrado desde 1997, varios años antes de que echásemos a andar. Lo más triste es que el propio Ministerio haya atendido o incluso alentado esas intoxicaciones, que en ningún modo se corresponden con los hechos.
En verdad, las renovables ayudamos a que el coste medio de la energía en el mercado diario se abaratase el año pasado casi un 43 por ciento, 38 euros por cada megavatio-hora producido en 2009 frente a los 65,9 euros pagados por los del 2008. Un ahorro total de unos 8.700 millones de euros, gracias al mayor protagonismo renovable, que permitió asumir los 5.233 millones de euros en tarifas recibidos por las energías renovables del régimen especial, y reducir todavía en 3.500 millones de euros más el coste final de la factura eléctrica. La fotovoltaica es una energía estratégica, y su saldo más que gratuito para la sociedad. Según el Boston Consulting Group, los costes acumulados por la industria fotovoltaica en suelo hasta 2012 ascenderán a unos 8.000 millones de euros, pero para entonces esa misma industria habrá desembolsado 8.200 millones de euros sólo entre contribuciones a la Seguridad Social, impuestos, tasas locales, ahorro de combustibles fósiles y derechos de emisión. En los últimos doscientos años no ha habido sector industrial estratégico que no se haya subvencionado en sus orígenes. Desde el coste de los pantanos para las eléctricas tradicionales a los tendidos de red telefónica. Tanto por horas de irradiación solar como por capacidad tecnológica, España está en condiciones de ser líder mundial en energía fotovoltaica. Sería absurdo dejar de impulsarla ahora y desaprovechar nuestras posibilidades, permitiendo que otros países desarrollen las inversiones que podríamos liderar aquí.
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