La demanda presentada se sustenta en el Tratado sobre la Carta de la Energía, un tratado internacional multilateral de inversión diseñado para proteger las inversiones energéticas a largo plazo. Es la segunda vez en la historia que el Tratado sobre la Carta de la Energía se invoca contra un país de Europa occidental, ya que, hasta ahora, la mayoría de las reclamaciones se habían dirigido contra los países que formaban el antiguo bloque comunista.
Los fondos y compañías demandantes invirtieron en España confiando en el mantenimiento de unos ingresos estables a lo largo del tiempo, algo a lo que se comprometió el Gobierno Español al establecer una retribución regulada para las energías renovables. Sin embargo, en diciembre de 2010, una vez que los demandantes ya habían invertido aproximadamente 2.000 millones de euros para desarrollar sus plantas solares fotovoltaicas, España recortó drásticamente las tarifas reconocidas a las instalaciones solares fotovoltaicas. Los inversores son titulares de plantas solares fotovoltaicas que en su conjunto suman un total de 270 Megavatios de capacidad instalada.
Los inversores están representados por el despacho de abogados Allen & Overy, especialista en procedimientos de arbitraje relacionados con el Tratado sobre la Carta de la Energía. Según Stephen Jagusch, socio director de la práctica de arbitraje internacional de Allen & Overy, “a medida que los países buscan depender más de las energías renovables, es fundamental que los estados aseguren la certidumbre y la estabilidad a largo plazo de sus sistemas de incentivos a la inversión”.
El tratado sobre la Carta de la Energía se aprobó para proteger a los inversores de cambios ilegales de los marcos jurídicos aplicables a las inversiones. La decisión de España de cambiar de forma injusta el marco jurídico aplicable a las instalaciones solares fotovoltaicas constituye una violación del Tratado sobre la Carta de la Energía que da derecho a nuestros clientes a ser restituidos o indemnizados”.
En 2007, España puso en marcha un régimen de tarifas reguladas que fue específicamente diseñado para atraer las inversiones en el sector solar fotovoltaico. Según los demandantes, “gracias a ese régimen tarifario y a inversores como nuestros clientes, España posee a día de hoy uno de los parques de generación fotovoltaica más modernos del mundo. Sin embargo, ahora que España se ha beneficiado de las inversiones de nuestros clientes, ha decidido desactivar el sistema de tarifa regulada. En resumen, España indujo a nuestros clientes a invertir miles de millones de euros en el sector fotovoltaico, y una vez que obtuvo el beneficio de tales inversiones, incumplió su parte del trato".
Fracaso de una solución amistosa
La demanda de arbitraje de los inversores es continuación al ofrecimiento previo que los inversores hicieron, en marzo de 2011, para negociar una solución amistosa a la controversia. Después de que el Gobierno Español rehusase adoptar una solución por vía de un cambio legislativo, los inversores vieron claro que su única opción era emprender acciones legales. Tampoco llegó a buen puerto la reunión mantenida en junio de 2011, en la que se rechazó la solicitud por llegar a una solución pactada a la controversia.
La decisión de los inversores de iniciar un procedimiento de arbitraje internacional se suma a la condena a los cambios retroactivos que ha expresado la Comisión Europea, a través de las cartas redactadas por los Comisarios Europeos de Energía y Cambio Climático Günther Oettinger yConnie Hedegaard, respectivamente.
