A falta de conocer el texto definitivo de la nueva norma, pero a la vista de lo anunciado públicamente, ASIF está en condiciones de mostrar su más firme rechazo al nuevo Real Decreto para la energía fotovoltaica, tanto por haberse elaborado sin consenso –hubo unas pseudonegociaciones en las que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITyC) nunca mostró voluntad de acuerdo con el Sector–, como por incluir medidas discriminatorias y muy
perjudiciales para la fuente renovable. Entre estas medidas, destaca una súbita y brutal reducción de tarifa del 45% para las plantas fotovoltaicas en suelo, lo que impedirá la rentabilidad de esas instalaciones. En consecuencia, el volumen total del mercado solar se reducirá casi un 50%, desde los 500 MW anuales previstos por la regulación hasta poco más de 250 MW.
Esta reducción del mercado, que rompe el pacto alcanzado hace dos años entre el MITyC y el Sector, se mantendrá hasta que los costes de la tecnología hayan bajado en la misma proporción, algo que llevará años en las regiones con menos irradiación del país.
La industria fotovoltaica española, cuarta del mundo tras la china, alemana y japonesa, tiene una capacidad de fabricación superior a los 1.000 MW anuales, con lo que la reforma regulatoria le obliga, inevitablemente, a depender de los mercados exteriores sin contar con el respaldo de su mercado natural.
Adicionalmente, ASIF estudiará inmediatamente el inicio de las actuaciones legales oportunas contra la limitación del derecho a la percepción de prima equivalente para las instalaciones fotovoltaicas a los 25 años de vida útil que recoge la nueva regulación, medida retroactiva y claramente discriminatoria en relación a las demás fuentes de energía renovable.
Fin de la incertidumbre ASIF confía en que la nueva regulación termine con el período de
incertidumbre regulatoria y parálisis al que lleva sometido el mercado fotovoltaico nacional desde hace más de dos años. Como resultado, sólo las empresas diversificadas o con presencia en el extranjero están consiguiendo sobrevivir. A finales de 2009, el Sector ya había perdido unos 30.000 puestos de trabajo; desde entonces, la destrucción de empresas y empleos no ha
dejado de aumentar.
incertidumbre regulatoria y parálisis al que lleva sometido el mercado fotovoltaico nacional desde hace más de dos años. Como resultado, sólo las empresas diversificadas o con presencia en el extranjero están consiguiendo sobrevivir. A finales de 2009, el Sector ya había perdido unos 30.000 puestos de trabajo; desde entonces, la destrucción de empresas y empleos no ha
dejado de aumentar.
ASIF no consigue comprender el brusco cambio de rumbo que el Gobierno ha decidido aplicar a la tecnología fotovoltaica en España, habida cuente de sus enormes ventajas ambientales, su capacidad para disminuir la dependencia energética, y su contribución a la generación de riqueza y empleo: sólo manteniendo el volumen de mercado de 500 MW anuales, España habría ganado 5.000 millones de euros y 40.000 empleos estables y de calidad hasta 2020.
Si se hubieran seguido las propuestas de ASIF para implantar una regulación que incluyera el autoconsumo de electricidad fotovoltaica, Españapodría haber obtenido unos retornos económicos, ambientales y de seguridad energética todavía mayores. Con la misma inversión económica prevista por la regulación anterior, el país podría disponer de una potencia fotovoltaica superior a los 17.000 MW en 2020.
La cifra de potencia instalada propuesta por ASIF para el final de la década contrasta fuertemente con los 8.673 MW indicados en el Plan de Acción Nacional de Energías Renovables, y más aún con los 6.735 MW planteados recientemente por la Subcomisión de Energía del Congreso de los Diputados.
