Los inversores, representados por el despacho internacional Allen & Overy, aseguran haber realizado inversiones por valor de 2.875 millones de euros en proyectos fotovoltaicos en España. Los demandantes piden una indemnización indeterminada al Gobierno español que corresponda con el daño causado.
El Gobierno aprobó a finales del año pasado una reducción de 4.600 millones en el coste del sistema eléctrico en tres años. Del ahorro, casi la mitad (2.220 millones) correspondieron a la energía fotovoltaica, lo que supone una rebaja del 30% en las primas.
