La declaración fue anunciada por la responsable de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), Lisa Jackson, cuando se pone en marcha la cumbre de Copenhague y es el resultado final de un proceso iniciado en 2007. Entonces, el Tribunal Supremo ordenó a la EPA que investigara si los gases de efecto invernadero podían calificarse como contaminantes bajo la Ley de Aire Limpio, la principal herramienta medioambiental de EE UU para regular la contaminación, aprobada en 1990. El pasado abril, el Gobierno había dado un primer paso en esa dirección calificando la emisión de gases de «amenaza».
Detrás de la calificación de peligro para la salud pública se abre una puerta mucho más sustanciosa. Permitiría a la Administración norteamericana imponer recortes en las emisiones de CO2, incluso si el Congreso tumba finalmente el proyecto de ley de Obama para reducirlos, cuya tramitación marcha excesivamente lenta y es la causa de que el Ejecutivo acuda a Copenhague con unos planteamientos modestos: la reducción de emisiones en un 17% en 2020 sobre los niveles de 2005, un porcentaje considerado insuficiente por la UE. La maniobra de la Casa Blanca supone, como mínimo, un acicate para que el Congreso agilice la aprobación de la legislación, la vía idónea para afrontar una meta más ambiciosa, según han declarado repetidamente los asesores de Obama.
Alarma empresarial
Al determinar la peligrosidad de los gases responsables del efecto invernadero, Washington podrá aplicar una serie de reglamentos anticontaminantes contra todo tipo de emisiones, desde las producidas por las fábricas o plantas de energía hasta los millones de vehículos que circulan por el país. Alarmado ante las consecuencias de la acción gubernamental, el sector empresarial alega que imponer ese reglamento obligaría a muchas pequeñas empresas y pequeños comercios a adoptar una serie de medidas muy caras que podrían obligar al cierre de muchas y el despido de miles de trabajadores.
El Gobierno no lo ve así y mantiene que la medida se enmarca dentro de la promesa de Obama de rediseñar el tejido productivo del país para dar paso a una nueva generación de industrias menos agresivas con el medio ambiente. De entrada, no se plantea medidas drásticas y prevé eximir a las instalaciones que emitan menos de 25.000 toneladas de dióxido de carbono o su equivalente al año. El objetivo son los grandes contaminadores, aquellas compañías que están claramente por encima de esa cantidad y que representan el 70% de las emisiones.
En cualquier caso, la decisión da munición a Obama para acudir a la cumbre de Copenhague con algo más que buenas palabras y de presentarse el jueves en Oslo a recoger el Nobel de la Paz con una imagen más sólida. Como ha señalado Jackson, la decisión de la EPA es una «clara demostración del compromiso del Gobierno». Luego auguró que «si fracasamos en la reducción de los gases de efecto invernadero, el planeta que dejaríamos a la siguiente generación sería muy diferente del actual».
Mientras, en la primera jornada de la cumbre, EE UU anunció que aportará «la parte justa» de los 10.000 millones de dólares (casi 7.000 millones de euros) anuales calculados como mínimos para mitigar las consecuencias de las emisiones de dióxido de carbono en los países en desarrollo. Este monto fue manejado por distintos organismos en vísperas de la conferencia y calificado de realista por las partes negociadoras, aunque varias organizaciones ecologistas lo consideran insuficiente y afirman que serían necesarios 70.000 millones.
