El Gobierno español expresó momentos después de hacerse oficial la propuesta de la Comisión su "conformidad" con el objetivo marcado en el ámbito de las renovables.
"Una obligación del 20% de uso de renovables en el año 2020 encaja perfectamente con nuestra propia estrategia nacional, que ya fue aprobada incluso por el Gobierno en esta legislatura, y que estableció el 20% en 2020", confirmaron a AFP fuentes oficiales españolas.
Con menos entusiasmo se acogió el porcentaje relativo a la reducción del 10% gases contaminantes, aunque la fuente consultada se limitó a señalar que "aún se tiene que seguir estudiando".
Las mayores protestas vienen del lado de los sectores industriales, sobre todo de los sectores más contaminantes, como el acero, las cementeras o las compañías químicas.
Estos sectores temen que las exigencias de Bruselas les hagan perder competitividad frente a las industrias de otros países, como Estados Unidos, India o China, que no son obligadas por sus gobiernos a realizar un esfuerzo similar.
"Con este plan nos obligarán a tener que comprar derechos de emisión, lo que hará que nuestra producción se encarezca y, por tanto, seamos menos competitivos a la hora de enfrentarnos con mercados como el chino", dijo a AFP una fuente de la cementera española Asland.
En efecto, el sector industrial tendrá que recortar un 21% de sus emisiones para 2020, y para ello continuará en marcha el sistema de compra-venta de toneladas/carbono, aunque se tendrán que modificar algunos aspectos.
Así, el sector eléctrico tendrá que pagar mediante subasta por todos sus permisos de emisión a partir de que concluya el actual Protocolo de Kioto (2012). En la actualidad, estos permisos los obtiene de manera gratuita.
Pese a la aceptación que ha hecho España del objetivo de utilizar un 20% de energía renovable en 2020, el Gobierno español, junto con el alemán, insiste en salvaguardar su modelo de subvenciones de renovables.
La actual propuesta de la Comisión permite a las empresas comprar y vender al mejor postor los certificados de 'energía verde', de modo que los Estados que los compren podrían utilizarlos para alcanzar las exigencias impuestas por Bruselas.
Por tal motivo, España exige a la Comisión que modifique su propuesta y que permita al Gobierno controlar el comercio de certificados, de forma que las empresas sólo puedan venderlos cuando España haya cumplido con su objetivo del 20%.
"Nosotros consideramos que este sistema provocaría una seria disfunción de los mercados que hará peligrar el objetivo del 20% fijado para 2020, además de poner en peligro también nuestro sistema de subvenciones, que se está demostrando muy eficaz", señalaron fuentes españolas.
"Cabría la posibilidad de que otros países puedan comprar estos certificados en España a buen precio, aprovechando que la producción de renovables está subvencionada, para así evitar invertir en renovables en sus propios países, pero cumplir con los objetivos, mientras que nosotros no", agregaron.
23/1/08
España acepta producir un 20% de renovables
