La Ley fomenta la competitividad, fortalece la supervisión financiera, lucha contra la morosidad, aporta transparencia en las remuneraciones de las sociedades cotizadas y facilita la contratación público-privada.
También promueve la innovación, reforma la Formación Profesional e introduce criterios de ahorro y eficiencia energética y de movilidad sostenible.
Se amplía la deducción por inversión en I+D+i del 8 por 100 al 12 por 100, se aplica el IVA reducido a las reformas para mejorar la eficiencia energética o el ahorro de agua y se establece una nueva deducción en el IRPF del 10 por 100 para este tipo de obras.
El Consejo de Ministros ha recibido un Informe de la Vicepresidenta Segunda y Ministra de Economía y Hacienda sobre el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, un amplio conjunto de cambios normativos destinados a proporcionar un mejor entorno regulatorio a los agentes económicos para que disfruten de una posición más competitiva en el momento en que se inicie la recuperación económica.
El Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible incorpora un conjunto de reformas estructurales que facilitarán que las empresas y los agentes económicos españoles orienten su actividad hacia sectores con potencial de crecimiento a largo plazo, generadores de empleo y sostenibles desde un punto de vista económico, social y medioambiental.
Esta Ley forma parte de una estrategia que tiene como objetivo fundamental sentar las bases para un modelo de desarrollo y crecimiento de la economía española más sostenible. De esta estrategia formará también parte un Fondo de Capital de veinte mil millones de euros, gestionado por el Instituto de Crédito Oficial, y un programa de reformas estructurales con un horizonte de diez años.
La Ley se articula sobre tres grandes pilares: la mejora del entorno económico, el impulso de la competitividad y la apuesta por la sostenibilidad medioambiental.
SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL
En este contexto, se fija el objetivo nacional de una reducción de un 20 por 100 de las emisiones de gases de efecto invernadero y de un consumo del 20 por 100 de energías renovables sobre el total de consumo de energía bruto, para el año 2020, que se conseguirá con al menos un 10 por 100 de consumo de energías renovables en el consumo del sector transporte.
1.- Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero . El objetivo central en este ámbito es fomentar la reducción de estas emisiones e incrementar la transparencia de información de responsabilidad medioambiental de las empresas.
Se creará un “sello” que certifique la reducción de emisiones, que conferirá un valor adicional a las tecnologías de baja intensidad de carbono, al tiempo que aumentará la transparencia de la información sobre responsabilidad medioambiental de las empresas.
Se crea un fondo público para la compra de créditos de carbono. Las reducciones certificadas de emisiones y las unidades de reducción de emisiones adquiridas por el fondo se constituirán en activos del Estado y podrán enajenarse, en particular si resultan innecesarias para atender los compromisos de reducción de España en el marco del Protocolo de Kioto, permitiendo la autofinanciación del fondo.
2.- Transporte y movilidad sostenible .
Se crea la Mesa de Movilidad Sostenible como órgano consultivo, asesor y de cooperación de todos los agentes vinculados a la movilidad. Sus principales funciones serán coordinar las actuaciones de las distintas Administraciones Públicas, evaluar las acciones puestas en marcha e informar sobre los proyectos normativos que afecten a la movilidad.
Se fomenta la elaboración de Planes de Movilidad Sostenible, condicionando la percepción de subvenciones estatales al transporte a la puesta en marcha de planes coherentes con la Estrategia Española de Movilidad Sostenible.
Se impulsa el desarrollo de planes de transporte de empresas para incentivar el uso del transporte público colectivo y el fomento de la movilidad sostenible de los trabajadores.
Promoción del transporte por carretera limpio, aplicando normas específicas para la compra de vehículos limpios y energéticamente eficientes por parte de las Administraciones Públicas.
Impulso al vehículo eléctrico.
Adaptación de las líneas de la red básica para transporte de mercancías por ferrocarril con el fin de posibilitar la circulación de trenes de mercancías de, al menos, 750 metros de longitud y potenciar las conexiones viarias y ferroviarias con los puertos de interés general.
Se modifica la normativa vigente del transporte interurbano regular colectivo de viajeros (autobuses), con el fin de facilitar la entrada de nuevos operadores al sector.
3.- Ahorro y eficiencia energética . Se establecen los principios de la política energética: garantía de la seguridad del suministro, la eficiencia económica y el respeto al medio ambiente.
Para la Administración General del Estado y organismos públicos vinculados se adelanta al año 2016 el objetivo de ahorro energético del 20 por 100 con relación al año 2005. Dentro de los programas que se aprueben, se establecerán requisitos mínimos de calificación energética de los edificios y vehículos que integran el patrimonio de las Administraciones Públicas.
Compromiso de elaboración de una planificación integral del sistema eléctrico, con el fin de asegurar la sostenibilidad económica, energética y medioambiental del mercado eléctrico. Esta planificación desarrollará, entre otros, los siguientes principios: maximización de la participación de las energías renovables en la cesta de generación eléctrica, reducción de la participación de las energías con mayor potencial de emisiones de CO2, y garantía de la seguridad de suministro y estabilidad de la red.
Se establece la Conferencia Sectorial de Energía como órgano de coordinación entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia de preparación, desarrollo y aplicación de la planificación estatal sobre energía.
Se establece la vida útil de cuarenta años para las centrales nucleares. El Gobierno remitirá una ley para actualizar el régimen de responsabilidad civil nuclear.
4.- Rehabilitación y vivienda .
Impulso a la renovación y rehabilitación de núcleos urbanos.
Reforma en la Ley hipotecaria, en relación con la regulación del crédito refaccionario. El objetivo es que este tipo de créditos puedan utilizarse para la financiación de obras de rehabilitación contando con sistemas de garantía similares a los de la hipoteca, frente a la que ofrecen la ventaja de una tramitación más simple, ya que permite la firma electrónica y no requiere de escritura pública.
27/11/09
ANTEPROYECTO DE LEY DE ECONOMÍA SOSTENIBLE
