Las asociaciones ecologistas Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), Amigos de la Tierra, SEO BirdLife, Ecologistas en Acción y Greenpeace denunciaron "el retroceso en la política medioambiental" durante la segunda legislatura de José Luis Rodríguerz Zapatero. Y lo explicitan todo ello en el documento Un programa por la Tierra. Un año sin política ambiental.
"Creemos que hay una parálisis en asuntos clave. No sólo suspende el Ministerio de Medio Ambiente, sino también el conjunto del Gobierno", dijo Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF. Del Olmo consideró muy preocupante que la lucha contra el cambio climático no sea la prioridad del presidente Zapatero, como anunció en la campaña electoral. "Nos limitamos a cumplir los deberes mínimos que nos pone la UE, pero no hay iniciativas", declara. "La única preocupación del Gobierno es cumplir con los objetivos de Kioto a través del comercio de emisiones, en vez de ir reduciendo emisiones", declaró Juan López de Uralde, director ejecutivo de Greenpeace, quien criticó el freno a la energía solar fotovoltaica.
El director de SEO/ BirdLife, Alejandro Sánchez, explicó que en materia de aguas "no hay un rumbo claro, pues la política que mantiene la titular de Medio Ambiente, Elena Espinosa, está basada en una vuelta a la política de oferta de agua". Los ecologistas critican que se planteen nuevos trasvases (como el del Tajo medio hacia Murcia) como solución para resolver los déficits de agua.
Estas organizaciones reprochan en su informe que el Gobierno haya optado por "un auténtico trasvase de dinero público para evitar el hundimiento del sector inmobiliario", aunque reconocen que algunas medidas son beneficiosas (como la rehabilitación y mejora de la eficiencia energética de las viviendas). Sin embargo, "el grueso de este presupuesto es un salvavidas para evitar el naufragio de un sector que se ha enriquecido a costa de destruir el territorio, que ha contribuido a inflar los precios de las viviendas y que está en el origen de los problemas ambientales más importantes de España".
Estas organizaciones reclaman un mayor compromiso para frenar la pérdida de especies y exigen, en un largo listado de peticiones, el cierre de la central nuclear de Garoña (Burgos) o el derribo de hotel del Algarrobico, como ya se había pactado. Asimismo, demandan que se desestime el proyecto de refinería en Tierra de Barros (Badajoz), que se prohíba el cultivo del maíz transgénico Mon 810 y que se cree una reserva para el atún rojo en Baleares. En su valoración, detacan los planes para crear áreas y reservas marinas, pero ven necesario que se retire el proyecto de ley que permitirá comprar y vender los titulos de las concesiones de las construcciones en dominio público marítimo-terrestre levantadas antes de 1988.
"Nos preocupa la falta de participación y transparencia. Las reuniones con nosotros son las mínimas. Ya no hay fluidez en la comunicación, ni disponemos de información previa de los proyectos que impulsará el Gobierno, como teníamos antes", se lamenta Juan Carlos del Olmo.
vía>>
"Creemos que hay una parálisis en asuntos clave. No sólo suspende el Ministerio de Medio Ambiente, sino también el conjunto del Gobierno", dijo Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF. Del Olmo consideró muy preocupante que la lucha contra el cambio climático no sea la prioridad del presidente Zapatero, como anunció en la campaña electoral. "Nos limitamos a cumplir los deberes mínimos que nos pone la UE, pero no hay iniciativas", declara. "La única preocupación del Gobierno es cumplir con los objetivos de Kioto a través del comercio de emisiones, en vez de ir reduciendo emisiones", declaró Juan López de Uralde, director ejecutivo de Greenpeace, quien criticó el freno a la energía solar fotovoltaica.
El director de SEO/ BirdLife, Alejandro Sánchez, explicó que en materia de aguas "no hay un rumbo claro, pues la política que mantiene la titular de Medio Ambiente, Elena Espinosa, está basada en una vuelta a la política de oferta de agua". Los ecologistas critican que se planteen nuevos trasvases (como el del Tajo medio hacia Murcia) como solución para resolver los déficits de agua.
Estas organizaciones reprochan en su informe que el Gobierno haya optado por "un auténtico trasvase de dinero público para evitar el hundimiento del sector inmobiliario", aunque reconocen que algunas medidas son beneficiosas (como la rehabilitación y mejora de la eficiencia energética de las viviendas). Sin embargo, "el grueso de este presupuesto es un salvavidas para evitar el naufragio de un sector que se ha enriquecido a costa de destruir el territorio, que ha contribuido a inflar los precios de las viviendas y que está en el origen de los problemas ambientales más importantes de España".
Estas organizaciones reclaman un mayor compromiso para frenar la pérdida de especies y exigen, en un largo listado de peticiones, el cierre de la central nuclear de Garoña (Burgos) o el derribo de hotel del Algarrobico, como ya se había pactado. Asimismo, demandan que se desestime el proyecto de refinería en Tierra de Barros (Badajoz), que se prohíba el cultivo del maíz transgénico Mon 810 y que se cree una reserva para el atún rojo en Baleares. En su valoración, detacan los planes para crear áreas y reservas marinas, pero ven necesario que se retire el proyecto de ley que permitirá comprar y vender los titulos de las concesiones de las construcciones en dominio público marítimo-terrestre levantadas antes de 1988.
"Nos preocupa la falta de participación y transparencia. Las reuniones con nosotros son las mínimas. Ya no hay fluidez en la comunicación, ni disponemos de información previa de los proyectos que impulsará el Gobierno, como teníamos antes", se lamenta Juan Carlos del Olmo.
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