Las dos grandes eléctricas, Endesa e Iberdrola, han ganado un pulso al Gobierno en torno al sistema tarifario eléctrico. El Tribunal Supremo ha estimado parcialmente los recursos que interpusieron ambas compañías contra el real decreto 1634/2006 de 29 de diciembre, por el que se establecía la tarifa a aplicar a partir del 1 de enero de 2007.
En concreto, el tribunal anula la financiación de los planes de ahorro y eficiencia energética con cargo a la tarifa eléctrica (176,7 millones de euros) y concluye que las centrales nucleares, en contra de lo dispuesto en el decreto, sí tienen derecho a cobrar la denominada "garantía de potencia".
El Gobierno, a través del abogado del Estado, defendía que ese tipo de instalaciones no tenían derecho a cobrar el concepto de "garantía de potencia" porque "las centrales nucleares de generación de energía eléctrica están ya suficientemente retribuidas a través del precio del mercado".
En el espinoso asunto del déficit tarifario (14.000 millones), el Supremo no ha dado la razón plena a los recursos presentados (Iberdrola argumentó que el decreto conculcaba el principio de suficiencia tarifaria al reconocer de antemano que habría un déficit en el año), pero sí realiza un pronunciamiento importante.
Así, el tribunal sostiene que la suficiencia tarifaria "hay que considerarla satisfecha" porque "se establecen mecanismos de compensación, aunque sean diferidos en el futuro, que van a equilibrar los ingresos con los costes". Pero lo que ha dejado satisfechas a las empresas -ahora que se negocia cómo poner fin a ese déficit multimillonario- es que, en opinión del Supremo, el Gobierno deberá lograr que se compense esa cantidad a las compañías, bien a través de subastas -que no han tenido mucho éxito dada la situación de los mercados financieros- o bien a través de "otros mecanismos a los que el Gobierno ha de acudir".
Para poner en contexto la decisión del Supremo hay que decir que las compañías recurren tradicionalmente los decretos tarifarios del Gobierno. Es parte del gran juego energético.
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El Gobierno, a través del abogado del Estado, defendía que ese tipo de instalaciones no tenían derecho a cobrar el concepto de "garantía de potencia" porque "las centrales nucleares de generación de energía eléctrica están ya suficientemente retribuidas a través del precio del mercado".
En el espinoso asunto del déficit tarifario (14.000 millones), el Supremo no ha dado la razón plena a los recursos presentados (Iberdrola argumentó que el decreto conculcaba el principio de suficiencia tarifaria al reconocer de antemano que habría un déficit en el año), pero sí realiza un pronunciamiento importante.
Así, el tribunal sostiene que la suficiencia tarifaria "hay que considerarla satisfecha" porque "se establecen mecanismos de compensación, aunque sean diferidos en el futuro, que van a equilibrar los ingresos con los costes". Pero lo que ha dejado satisfechas a las empresas -ahora que se negocia cómo poner fin a ese déficit multimillonario- es que, en opinión del Supremo, el Gobierno deberá lograr que se compense esa cantidad a las compañías, bien a través de subastas -que no han tenido mucho éxito dada la situación de los mercados financieros- o bien a través de "otros mecanismos a los que el Gobierno ha de acudir".
Para poner en contexto la decisión del Supremo hay que decir que las compañías recurren tradicionalmente los decretos tarifarios del Gobierno. Es parte del gran juego energético.
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