Industria sancionará a las nuevas plantas solares que incumplan la ley hasta con seis millones

Ya puede cruzar los dedos quien haya tenido la tentación de registrar de forma fraudulenta una planta fotovoltaica antes del 30 de septiembre, fecha en que entraba en vigor la nueva normativa de retribución para el sector. Y es que tener acceso a las más jugosas subvenciones de la anterior legislación puede ser un arma de doble filo. Si la Comisión Nacional de la Energía (CNE) caza el engaño en el plan de inspecciones que tiene previsto poner en marcha para estas instalaciones de nuevo cuño, el defraudador se arriesga a sufrir una sanción tipificada en la Ley del Sector Eléctrico como grave y que acarrea una multa de hasta seis millones de euros.

“La CNE va a realizar inspecciones de forma individual y aleatoria a instalaciones fotovoltaicas. Si está inscrita el día 29 y no está conectada a la red, se entiende que puede haber un cierto retraso. Una demora que puede durar unos días y ya está, no hay problema. Pero si no tiene ni los paneles puestos, es obvio que no cumple, y no tendrá la regulación económica anterior por mucho que la comunidad autónoma la haya inscrito en el registro. Industria recurrirá el acto administrativo y la autonomía no peleará ante un fraude fehaciente. Quien lo haga se expone a una sanción económica grave”. Con esta dureza se expresó Santiago Caravantes, jefe del Área de Producción del Régimen Especial del Ministerio de Industria, durante unas jornadas de análisis del Real Decreto sobre Energía Solar Fotovoltaica celebradas ayer en Madrid.

Un escenario que esconde la segunda derivada de un problema suscitado la semana pasada que Industria tuvo que corregir a toda prisa. Y es que la interpretación realizada inicialmente por Industria del Real Decreto 1578/2008 que entró en vigor el pasado 30 de septiembre se orientaba a que sólo tendrían derecho a percibir la remuneración antigua de 45 céntimos de euro el kilovatio/hora quien ya inyectara energía al sistema el 29 de septiembre. El resto tendría que acogerse y conformarse con los 32 céntimos del nuevo marco normativo, aunque la planta estuviera inscrita en el registro previamente. Sin embargo, y junto con otras seis correcciones, el BOE del viernes pasado matizó este extremo, que el sector consideraba que implicaba la aplicación del nuevo Real Decreto con carácter retroactivo.

“Muy bien. No se puede aplicar con carácter retroactivo –explico Caravantes-. Sólo desde el 1 de octubre será exigible. Pero no creo que haya 500 megavatios, o 200, inscritos y sin desarrollo, porque eso demostraría que somos un país de piratas”. Fuentes del sector aseguraron a El Confidencial que, a la espera de que se confirmen el número de propuestas que han entrado antes de la fecha límite, toda cifra por encima de los 1.000 megavatios daría pábulo a la sospecha. Según explicó Juan Laso, presidente de la Asociación Empresarial Fotovoltaica (AEF) y de T-Solar, “es posible que hayan ocurrido cosas que no sean positivas para el sector por la carrera para llegar a septiembre”.

La falsa sorpresa de Industria

Las diferentes correcciones hechas en el Real Decreto demuestran, según el sector, las lagunas que éste tenía y que todavía presenta. Y es que las modificaciones de última hora no han disipado toda la inquietud. Por ejemplo, Miguel Arrarás, director general de Acciona Solar y de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APP), incidió en que el Real Decreto contemple que la tarifa tendrá una validad de un “máximo de 25 años”, lo que no quiere decir que no pueda tocarse antes. Según Arrarás, “son lagunas que interpretadas con buena voluntad no son preocupantes, pero están ahí. Y, aunque pongan cara de sorpresa, en Industria no se les ha escapado. Ese matiz genera inseguridad jurídica. Probablemente no esté en la cabeza de los legisladores actuales, pero no sabemos nada de los futuros”.

Más críticas recibió Industria por equiparar las primas de suelo con las de techo en el entorno de los 32 céntimos de euros por kilovatio, pese a su expresada apuesta por favorecer las sobrecubiertas, que de hecho acumulan dos tercios del cupo de potencia fijado para 2009. “Las razones por la que se prefiere edificación a suelo son evidentes. Pero el secretario general así lo ha decidido”, se limitó a apuntar Caravantes por toda explicación. “Así se lo trasladaré a mis clientes”, le espetó el empresario que le había formulado la pregunta. Enigmático, el presidente de Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF), Javier Anta, aseguró que para saber la razón de esa equiparación habría conocer los intríngulis de la negociación”. De hecho, los representantes de las comunidades autónomas madrileña y catalana mostraron su extrañeza por la contradicción de que se limite a dos megavatios las instalaciones en techo, mientras el umbral de suelo se sitúe en los 10 megavatios.

Igualmente preocupante es el diagnóstico efectuado por los representantes de las asociaciones fotovoltaicas respecto a los efectos de la crisis económica y del nuevo marco regulatorio en el sector. “Las empresas que no son eficientes van a desaparecer y las que sí lo son tendrán problemas”, dijo Anta. Para Arrarás, “tendremos que hacer a martillazos la reducción de costes y queda una depuración del sector. En dos o tres años habremos reducidos esos costes y no me veo con cupos, por lo que no le concedo al decreto un futuro muy largo”.
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